domingo, 18 de abril de 2010

BREVE ANÁLISE DA SENTENÇA STC 154/2002, DE 18 DE JULHO DE 2002

2006

por Belcorígenes de Souza Sampaio Júnior


O direito a liberdade religiosa expresso na constituição espanhola de 1978 engloba nas suas manifestações a liberdade de escolher possuir ou não uma religião. A diversidade de manifestações de culto e a liturgia comportamental requerida pela fé individual estão claramente contempladas na liberdade religiosa. É neste tocante que entendemos possível situar o debate hermenêutico encontrado na STC 154/2002 de 18 de julho de 2002. Trata, este caso, sobre a possibilidade de disposição da vida em nome da crença individual intima, fruto da liberdade religiosa.

No caso em questão, analisado na STC 154/2002, o que se vê é uma delimitação no tocante à dimensão do direito a liberdade religiosa. A análise que o Tribunal Constitucional elegeu como fundamental neste caso específico foi a discussão a respeito da validade do exercício da liberdade religiosa por um menor de idade, no caso de colisão desta liberdade com a manutenção da sua vida. Resolvida este problema toda discussão a respeito da suposta conduta criminal dos seus pais quedaria resolvida.

“Partiendo del genérico reconocimiento que el art. 16.1 CE hace, respecto de los derechos y libertades que contempla, a favor de "los individuos y las comunidades", sin más especificaciones, debe afirmarse que los menores de edad son también titulares del derecho a la libertad religiosa y de culto. Confirma este criterio la Ley Orgánica de libertad religiosa, de desarrollo de dicho precepto constitucional, que reconoce tal derecho a "toda persona" (art. 2.1). Esta conclusión se ve confirmada, dados los términos del art. 10.2 CE, por lo dispuesto en la Convención de derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989 (Instrumento de ratificación de 30 de noviembre de 1990, publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 31 de diciembre de 1990), en cuya virtud quedan los Estados parte obligados al respeto del "derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión" (art. 14.1), sin perjuicio de "los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades" (art. 14.2). Asimismo, prescribe el art. 14.3 de dicha Convención que "la libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás".”

Mais adiante se ocupa o Tribunal Constitucional com a questão mesma da relevância jurídica da recusa por parte de um menor a um tratamento médico salvador. Sobre isto afirmou o Tribunal:

“En el caso traído a nuestra consideración el menor expresó con claridad, en ejercicio de su derecho a la libertad religiosa y de creencias, una voluntad, coincidente con la de sus padres, de exclusión de determinado tratamiento médico. Es éste un dato a tener en cuenta, que en modo alguno puede estimarse irrelevante y que además cobra especial importancia dada la inexistencia de tratamientos alternativos al que se había prescrito. Ahora bien, lo que fundamentalmente interesa es subrayar el hecho en sí de la exclusión del tratamiento médico prescrito, con independencia de las razones que hubieran podido fundamentar tal decisión. Más allá de las razones religiosas que motivaban la oposición del menor, y sin perjuicio de su especial transcendencia (en cuanto asentadas en una libertad pública reconocida por la Constitución), cobra especial interés el hecho de que, al oponerse el menor a la injerencia ajena sobre su propio cuerpo, estaba ejercitando un derecho de autodeterminación que tiene por objeto el propio sustrato corporal —como distinto del derecho a la salud o a la vida— y que se traduce en el marco constitucional como un derecho fundamental a la integridad física (art. 15 CE)”.

Entende o Tribunal Constitucional que o direito à liberdade religiosa possui duas dimensões: uma interna e outra externa - conferindo ao sujeito de direitos uma dimensão de ação isenta aos controles estatais:

“En cuanto derecho subjetivo, la libertad religiosa tiene una doble dimensión, interna y externa. Así, según dijimos en la STC 177/1996, FJ 9, la libertad religiosa "garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado a la propia personalidad y dignidad individual", y asimismo, "junto a esta dimensión interna, esta libertad ... incluye también una dimensión externa de agere licere que faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros (SSTC 19/1985, FJ 2; 120/1990, FJ 10, y 137/1990, FJ 8)". Este reconocimiento de un ámbito de libertad y de una esfera de agere licere lo es "con plena inmunidad de coacción del Estado o de cualesquiera grupos sociales" (STC 46/2001, FJ 4, y, en el mismo sentido, las SSTC 24/1982, de 13 de mayo, y 166/1996, de 28 de octubre) y se complementa, en su dimensión negativa, por la prescripción del art. 16.2 CE de que "nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias".
La dimensión externa de la libertad religiosa se traduce además "en la posibilidad de ejercicio, inmune a toda coacción de los poderes públicos, de aquellas actividades que constituyen manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso" (STC 46/2001), tales como las que se relacionan en el art. 2.1 de la Ley Orgánica 7/1980, de libertad religiosa (LOLR), relativas, entre otros particulares, a los actos de culto, enseñanza religiosa, reunión o manifestación pública con fines religiosos, y asociación para el desarrollo comunitario de este tipo de actividades.”

Por fim, ao reconhecer a vulneração do direito a liberdade religiosa, no caso em questão, o Tribunal Constitucional se posiciona com clareza a respeito da necessidade da realização de um juízo de ponderação equilibrado, dentro de uma dimensão hermenêutica de valoração dos direitos fundamentais constitucionais em conflito. Neste momento entende a preponderância do direito a vida sobre o direito a liberdade religiosa, não enxergando nenhum defeito na ordem judicial para que o menor se submetesse à transfusão de sangue. Ato contínuo entende também que não se poderia exigir dos pais do menor em questão nenhuma ação no sentido de convencer o menor a se submeter ao tratamento contrários às suas crenças, nisto se fundamentando a anulação das sentenças condenatórias proferidas pelo Tribunal Supremo:

“En cuanto a la primera de las cuestiones apuntadas, es indiscutible que el juicio ponderativo se ha efectuado, en lo que ahora estrictamente interesa, confrontando el derecho a la vida del menor (art. 15 CE) y el derecho a la libertad religiosa y de creencias de los padres (art. 16.1 CE). Es inconcuso, a este respecto, que la resolución judicial autorizando la práctica de la transfusión en aras de la preservación de la vida del menor (una vez que los padres se negaran a autorizarla, invocando sus creencias religiosas) no es susceptible de reparo alguno desde la perspectiva constitucional, conforme a la cual es la vida "un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional" (SSTC 53/1985, de 11 de abril, y 120/1990, de 27 de junio). Además, es oportuno señalar que, como hemos dicho en las SSTC 120/1990, de 27 de junio, FJ 7, y 137/1990, de 19 de julio, FJ 5, el derecho fundamental a la vida tiene "un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte". En definitiva, la decisión de arrostrar la propia muerte no es un derecho fundamental sino únicamente una manifestación del principio general de libertad que informa nuestro texto constitucional, de modo que no puede convenirse en que el menor goce sin matices de tamaña facultad de autodisposición sobre su propio ser.
En el marco de tal delimitación de los derechos en conflicto las consecuencias del juicio formulado por el órgano judicial no tenían por qué extenderse a la privación a los padres del ejercicio de su derecho fundamental a la libertad religiosa y de conciencia. Y ello porque, como regla general, cuando se trata del conflicto entre derechos fundamentales, el principio de concordancia práctica exige que el sacrificio del derecho llamado a ceder no vaya más allá de las necesidades de realización del derecho preponderante (acerca de este principio de proporcionalidad entre derechos fundamentales, por todas, SSTC 199/1987, de 16 de diciembre, FJ 7, y 60/1991, de 14 de marzo, FJ 5). Y es claro que en el presente caso la efectividad de ese preponderante derecho a la vida del menor no quedaba impedida por la actitud de sus padres, visto que éstos se aquietaron desde el primer momento a la decisión judicial que autorizó la transfusión. Por lo demás, no queda acreditada ni la probable eficacia de la actuación suasoria de los padres ni que, con independencia del comportamiento de éstos, no hubiese otras alternativas menos gravosas que permitiesen la práctica de la transfusión”.

Sobre este tipo específico de conflito, entende Diego Gracia 1 que diversas matizes de análise ético-jurídica podem ser apontadas. Divide o assunto em duas dimensões jurídicas diferentes no tocante ao objeto do direito subjetivo. No primeiro caso a questão se refere a alguém, capaz, que recusa para si mesmo tratamento médico que pode lhe salvar a vida. No segundo caso o problema gira em torno de recusa para tratamento médico para salvar a vida de um menor incapaz, sendo o detentor do pátrio poder o responsável pela recusa do indispensável tratamento salvador. A primeira hipótese, portanto, se refere à disposição de direito que incide sobre a vida do próprio titular, e segunda hipótese se refere à disposição de direito que incide sobre a vida de terceiro, casos bem distintos afinal.

Ato contínuo constrói sua análise a partir de quatro possibilidades interpretativas diferentes, chegando a resultados diversos conforme o prisma jurídico doutrinal escolhido e de acordo com o fato de que a abordagem racional adotada seja naturalista, especulativa, instrumental ou estratégica e racional prática. Impregnado de uma visão kantiana do problema, conclui ao final que é perfeitamente possível chegar a uma decisão jurídica que não seja precipitada nem imoral. A um indivíduo maior e capaz se deve permitir que arrisque a sua própria vida em conformidade com a sua liberdade de consciência e crença, ainda que exista aqui um conflito entre o direito e moral social. A um menor e incapaz se deve obrigar que se submeta a tratamento médico que lhe pode salvar a vida ainda que este ato contrarie a vontade ou crença de seus pais ou até a do próprio menor. Podemos observar que, neste sentido está de acordo com a decisão do Tribunal Constitucional, no que concordamos. Também em concordância com este entendimento e analisando esta mesma sentença afirma Barrero Ortega que: “No estima el Constitucional que la libertad religiosa por encima del deber de proteger la vida”.2

Acreditamos difícil encontrar situação mais complexa na seara jurídico-ética. Qualquer posicionamento que se possa em questões desta natureza deixa sempre uma sensação incomoda de angustia que todo conflito que envolve a supressão da vida humana evoca. Na verdade, a questão de fundo presente aqui é antipodia entre o discurso doutrinal da igreja dos testemunhas de Jeová com os postulados jurídicos, morais e religiosos da cultura atual, o mesmo nem sempre podendo-se dizer acontecer com as doutrinas teológicas cristas históricas como os católicos, calvinistas, batistas, presbiterianos, metodistas, etc. Em sede jurídica o direito à vida ocupa o posto máximo do ordenamento dos Estados de Direito e esse afrontamento, portanto, repercute diretamente sobre a dimensão da racionalidade atual que não se ajusta a compreender um discurso religioso contrário a manutenção da vida, já que entende lógico o caráter inferior do direito a liberdade religiosa, sopesado este com o direito a vida.

A antinomia de direitos fundamentais se apresenta sempre como questão de maior complexidade. Nestas searas nem sempre se possui um critério objetivo de decisão, transferindo-se a solução para uma esfera de forte cunho hermenêutico. Acreditamos que no âmbito do direito positivo o que podemos dizer nestes casos, é que uma leitura do problema sob a ótica da principiologia constitucional nos permite vislumbrar as possibilidades da decisão jurisdicional para a questão, sendo a noção de ponderação e proporcionalidade fundamental como ferramenta ou método decisório.

Uma grande cautela, contudo, deve cercar este tipo de discussão. Como já afirmávamos em outra ocasião, entendemos que não é a liberdade religiosa outra coisa senão uma expressão natural da liberdade individual, sendo esta o pressuposto lógico do Estado moderno. A idéia de uma voluntas livre é indispensável para a construção de um “pacto social” e por isso a sua garantia se constitui em um dever de qualquer Estado democrático. Qualquer restrição, senão aquelas devidamente justificadas em um marco constitucional de ponderação entre direitos fundamentais, se configura, em última análise, em uma restrição ao livre exercício racional do pensamento, o que vulnera a própria noção de pacto social e, e automaticamente, fenecendo a deontologia do próprio Estado de Direito.



Belcorígenes de Souza Sampaio Júnior
Advogado
Professor de Direito Constitucional e Teoria Geral do Direito
Especialista em Direito Processual Civil
Mestre em Direito Público
Mestre (D.E.A.) em Direitos Fundamentais
Doutorando em Direitos Fundamentais/Liberdade Religiosa


________________________________________
1- GRACIA. Diego. Fundamentos de bioética. Madrid: Eudema, 1989, p.583-586.
2- BARRERO ORTEGA, Abraham. Libertad religiosa y deber de garantizar la vida Del hijo (A propósito de la STC 154/2002, de 18 de julio), in: Revista Española de Derecho Constitucional, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005, n.º 75, p., 325-356.

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